Volver a la Página Inicial

 

Asociado DESCONECTADO
[Conectarse]  [Registrarse]
 
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
Sub-Sedes y Delegaciones
NUEVO!
    

"FILIPPA, Laura Beatríz c/CONSTRUCTORA MARITIMA SRL Y OTRA s/Daños y Perjuicios" - Cam.Apelac. Civ, Com y de Gtias Penal

Jurisprudencia


DERECHOS DEL CONSUMIDOR. Daños y perjuicios. COMPRAVENTA DE INMUEBLE. Construcción de un pequeño complejo habitacional. Estado de ruina del inmueble. Existencia de insectos (plaga comúnmente denominada "bicho taladro") en el techo de la vivienda. Daños atribuidos a la falta de mantenimiento por parte de los nuevos propietarios. Rechazo. INDEMNIZACIONES. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL. Responsabilidad de la empresa constructora quienes conocían la existencia de los insectos y no advirtieron a los compradores que era probable que las maderas estuviesen afectadas, para que éstos contaran con la información suficiente.   

    Expte. 6913 - "FILIPPA, Laura Beatríz c/CONSTRUCTORA MARITIMA SRL Y OTRA s/Daños y Perjuicios" - CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y DE GARANTIAS EN LO PENAL DE NECOCHEA (Buenos Aires) - 05/10/2006  

   "Desde el nombre mismo de la demandada, pasando por el objeto social, la modalidad de pago culminando en el tipo de emprendimiento (inmuebles dentro del sistema de propiedad horizontal comercializados por la constructora) confirman la aplicabilidad al caso de la ley de consumidor. Ubicado el casus en lo que constitucionalmente se denomina "relación de consumo" corresponde determinar la prescripción liberatoria que la acción de daños incoada posee. Claro está que el reclamo por daños y perjuicios contra el constructor vendedor de un inmueble es una "acción emergente de la ley del consumidor". En el caso -tratándose de una relación de consumo de un inmueble construido por el vendedor y destinado a vivienda- el factor de atribución es subjetivo a título de culpa; no obstante tal análisis debe completarse con el art. 902 del cuerpo civil."

"La actividad de la demandada era la de un profesional -que construyó y vendió un pequeño complejo habitacional-, de donde se desprende el efecto "de que mayor será la obligación que resulta de las consecuencias posibles de los hechos, debiéndose apreciar la conducta del mismo no con los parámetros aplicables a un neófito, sino que debe ajustarse a un standard de responsabilidad agravada."

"Los actores denunciaron incumplimientos que se tradujeron en daños materiales en su propiedad. La empresa demandada sostuvo que tales daños no eran imputables a su actuación sino a falta de mantenimiento por parte de los actores."

"La pericia efectuada en la vivienda extrae valiosas conclusiones para dilucidar la existencia del daño y su responsable. Así detecta la existencia de la plaga comúnmente denominada "bicho taladro" en el techo de la vivienda (maderamen y cielorrasos), agregando que comparte al respecto el informe que acompañaran los actores a la demanda, a excepción del estado de ruina del inmueble. El experto añade que en la vivienda se detecta "falta de calidad de obra y un trabajo no delicado dentro del arte de construir, con evidente falta de detalles de terminación y hasta defectos constructivos", afirmación que ilustra con las fotografías acompañadas a fs. 442/443. La fuerza probatoria emergente del dictamen pericial demuestra que la constructora vendedora no ha cumplido adecuadamente sus deberes legales de protección de la seguridad y de los intereses económicos del consumidor, obligaciones que nacieron con el contrato y cuyo incumplimiento torna responsable a la codemandada Constructora Marítima."

"La aplicación del plaguicida sucedió cinco años y varios meses antes de la entrega del inmueble a los actores, de donde un actuar diligente hubiera sido o bien reaplicar dicho producto o bien advertir a los compradores que era probable que las maderas estuviesen afectadas, para que éstos contaran con la información suficiente. Ninguna de estas actuaciones debidas fueron seguidas por la empresa constructora, a tenor de las constancias de autos, con lo que su responsabilidad luce demostrada (arts. 512, 902, 909 y 1109 C.C.; 5 y 10 bis LDC 24240)."

"Queda excluida entonces la prescripción liberatoria y acreditada la responsabilidad de la empresa constructora en los daños derivados de la relación de consumo."

    Texto completo 

   En la ciudad de Necochea, a los 05 días del mes de octubre de dos mil seis, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y de Garantías en lo Penal, en acuerdo ordinario a efectos de dictar sentencia en los autos caratulados: "FILIPPA, Laura Beatríz c/CONSTRUCTORA MARITIMA SRL Y OTRA s/Daños y Perjuicios" habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código Procesal Civil y Comercial resultó del mismo que el orden de votación debía ser el siguiente: Señores Jueces Doctores Fabián Marcelo Loiza, Humberto Armando Garate y Hugo Alejandro Locio (Ac. Nº 1210 Acta Nº 1310 del 22/08/06 de ésta Cámara)).//-

El tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:

C U E S T I O N E S

 

1a) ¿ Es justa la sentencia de fs. 479/485vta. ?.-

2a) Qué pronunciamiento corresponde?.-

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR LOIZA DIJO:

I. El señor Juez de grado condena a los demandados al pago de pesos nueve mil seiscientos en concepto de daños y perjuicios sufridos por los actores.-

Para decidir de esa forma rechazó las excepciones de prescripción liberatoria y falta de legitimación pasiva, se inclinó por entender que el contrato base del reclamo es una locación de obra;; estimó que los daños detectados en la unidad funcional de los demandantes configuraban el concepto de "ruina" de los arts. 1646, 1647 y 1647 bis del Código Civil y finalmente valuó tales daños en la suma consignada supra.-

La decisión agravia al arquitecto condenado como director de obra, y a la empresa constructora. Sus memoriales son idénticos por lo que trataré los agravios que en forma común se plantean.-

El último de ellos refiere una cuestión lógico jurídica previa, la prescripción de la acción intentada; ello en tanto entienden los recurrentes el contrato de autos es de compraventa.-

El siguiente agravio -primero en el orden de las memorias- refiere la falta de acreditación de la responsabilidad de los accionados; explayándose respecto de aquellas pruebas que estiman conducentes y que no habrían sido valoradas.-

El segundo agravio se dirige a cuestionar los daños determinados en sentencia, afirmando que no () existe prueba de los mismos.-

En su tercer y cuarto agravios cuestionan la tasa de interés aplicable y la condena al pago del daño moral.-

Finalmente el quinto agravio critica la imposición de las costas procesales.-

II. El primer punto de debate traído a esta Alzada implica la previa calificación del negocio habido entre las partes. Es que la excepción de prescripción interpuesta oportunamente y reeditada en esta instancia requiere de esa previa determinación.-

Las partes, claro está, disienten al respecto. Los actores entienden que el contrato implicó una locación de obra; los demandados ven una compraventa.-

La lectura del convenio, el análisis de los hechos probados y la revisión normativa y doctrinaria efectuada me convencen de la existencia de una compraventa, aunque esa conclusión no implicará la recepción de la defensa prescriptiva sino su rechazo. Explicaré mi propuesta al acuerdo.-

El denominado boleto de compraventa obrante a fs. 4/7 contiene inequívocas señales de la existencia de dicho contrato típico (ver así las referencias de las cláusulas primera y segunda, de conformidad con los arts. 1323; 1327; 1333; 1344 y concordantes del Cód. Civil).-

A esas prescripciones contractuales se les agrega la opinión de la doctrina especializada que nos indica que para distinguir el contrato de locación de obra de la compraventa debe prestarse atención a la idea de interés de una de las partes -llamémosla adquirente- en el proceso técnico interno de fabricación de la cosa.-

Si ese interés se detecta podemos hablar de locación de obra; caso contrario estaremos frente a una compraventa (López de Zavalía, F. "Teoría de los contratos" T. 4, p. 190, citando a Spota). Agregando que la confusión generalmente se ubica respecto de una cosa futura (ídem, p. 189).-

Ese interés en el proceso técnico de construcción no puede entenderse cumplido con la referencia a los detalles de obra indicados en la cláusula primera. En ella sólo se especifican detalles de terminación y estéticos como son los artefactos sanitarios, pisos, frente de placard, cortinas de enrollar, revestimiento cerámico etc. (boleto de fs. 4/7).-

Tales cuestiones no resultan de una incidencia tal que permitan modificar la naturaleza del convenio y por otra parte hacen más a cuestiones secundarias de la vivienda que a verdaderos detalles técnicos.-

Por otro lado no puedo soslayar que el supuesto opus ya se encontraba cercano a su culminación al momento del negocio; los mismos detalles señalados así lo corroboran. Es decir, el proceso técnico ya se había completado, por lo que mal podrían los actores haberse interesado en él de la forma que requiere la doctrina señalada.-

Con ello se descarta la existencia de un encargue de realizar una determinada obra, así como también que se trate siquiera de la compra de una cosa futura.-

Sin embargo, tal como adelanté, aceptar la existencia de una compraventa no implica admitir en el caso la defensa de prescripción opuesta por los demandados.-

Es que resulta para mí evidente que la normativa aplicable al caso es la del art. 1º inciso "c" de la llamada ley de defensa del consumidor, así como el art. 42 de la Constitución Nacional y en consecuencia el plazo prescriptivo es el indicado en el art. 50 de la referida ley 24240.-

Prescribe el primero de los textos normativos que "La presente ley tiene por objeto la defensa de los consumidores o usuarios. Se consideran consumidores o usuarios, las personas físicas o jurídicas que contratan a título oneroso para su consumo final o beneficio propio o de su grupo familiar o social: (...) c) La adquisición de inmuebles nuevos destinados a vivienda, incluso los lotes de terreno adquiridos con el mismo fin, cuando la oferta sea pública y dirigida a persona indeterminadas.".-

Que la cosa vendida es un inmueble está fuera de discusión; que el destino de dicho inmueble es, en el caso, el de vivienda de lo actores lo encuentro corroborado por las constancias fs. 200 (documental traída por la codemandada) fs. 210 (carta documento enviada por la codemandada) fs. 223 (escrito de contestación de demanda donde se reconoce tal carácter "mantuvimos una reunión en su casa") reiterado a fs. 260vta. por el arquitecto Serrano; fs. 412 (3ª posición afirma que vivía en el departamento); fs. 412vta. (18ª posición) y fs. 413 (27ª y 28ª posiciones) entre otras.-

En cuanto a la existencia de una oferta pública a personas indeterminadas tiene dicho la doctrina que para detectar ese recaudo es válido estar a la calidad de profesional del vendedor (art. 2 ley 24240) carácter que se detecta en personas "tales como empresas inmobiliarias, constructoras, etcétera. Se excluye en principio las ventas que realiza un particular a otro, aun cuando la publique en el diario" (Ricardo L. Lorenzetti "Consumidores" p. 111, Ed. Rubinzal Culzoni, 2003).-

Ello es corroborado por otro doctrinario quien afirma que "El carácter de empresa cuyo objeto es construir para vender a terceros, entendiendo por tales al público en general, encuadra (...) en la relación de consumo y por consiguiente en la ley y el sistema de protección al consumidor" (E. L. Gregorini Clusellas "Defensa del consumidor para el comprador de inmuebles" nota a fallo en L.L.-2004-D-290).-

Es que la exigencia de la referida oferta pública está dirigida a conceder protección "cuando media un sistema de comercialización organizado por empresas del sector" (S. Frustagli "Contrato de consumo y prescripción de la acción por vicios redhibitorios" en JA 2004-II-757).-

Esa organización empresarial es innegable en el caso. Desde el nombre mismo de la demandada, pasando por el objeto social (ver fs. 196vta., artículo cuarto), la modalidad de pago (cuotas financiadas) culminando en el tipo de emprendimiento (inmuebles dentro del sistema de propiedad horizontal comercializados por la constructora) confirman la aplicabilidad al caso de la ley de consumidor.-

Ubicado el casus en lo que constitucionalmente se denomina "relación de consumo" corresponde determinar la prescripción liberatoria que la acción de daños incoada posee.-

Es el art. 50 de la ley de defensa del consumidor el que establece en su primera parte que "Las acciones y sanciones emergentes de la presente ley prescribirán en el término de tres años." Ese plazo indica que la demanda de autos ha sido interpuesta en tiempo hábil, pues a todo evento la detección de los -hasta aquí- supuestos defectos, se remontaría a los primeros meses de 1999 (conforme la carta documento enviada por los actores, ver fs. 211/vta.) y teniendo en cuenta la fecha de interposición de la acción (01/03/2000, ver cargo a fs. 166vta.).-

Claro está que el reclamo por daños y perjuicios contra el constructor vendedor de un inmueble es una "acción emergente de la ley del consumidor".-

Es que en la relación de consumo -y como vimos la de autos es tal- el consumidor tiene derecho a que se proteja su seguridad e intereses económicos (art. 42 C.N.) mandato constitucional que se refleja en los arts. 5 y 10 bis de la ley referida, pero que continúa en todas aquellas normas que integran nuestro derecho privado.-

En tal sentido y dado que a la fecha de firma del convenio de marras (25/10/1997) el art. 40 LDC no se encontraba vigente -veto mediante del P.E.N.- resultan aplicables al caso las restantes normas de derecho privado que prescriben la responsabilidad del cocontratante, a falta de otras que, a la época del contrato, recepten el mandato constitucional citado.-

III. Procurando entonces dar contenido a esa prescripción supralegal debe echarse mano a las reglas del Derecho Privado nacional que delimitan la responsabilidad contractual.-

En el caso -tratándose de una relación de consumo de un inmueble construido por el vendedor y destinado a vivienda- el factor de atribución es subjetivo a título de culpa; no obstante tal análisis debe completarse con el art. 902 del cuerpo civil.-

Es que párrafos antes concluimos que la actividad de la demandada era la de un profesional -que construyó y vendió un pequeño complejo habitacional-, de donde se desprende el efecto "de que mayor será la obligación que resulta de las consecuencias posibles de los hechos, debiéndose apreciar la conducta del mismo no con los parámetros aplicables a un neófito, sino que debe ajustarse a un standard de responsabilidad agravada." (esta Cámara en expte. N° 6550 "Santilli, Carlos c. Banco Credicoop" reg. int. 69 (S) del 04/08/05.).-

La actividad de la demanda será entonces analizada conforme las reglas de los arts. 512, 902, 909 y 1109 del Código Civil, las que estructuran el sistema de responsabilidad contractual en casos en los que una de las partes es un profesional respecto de la prestación cumplida en el convenio.-

Los actores denunciaron incumplimientos que se tradujeron en daños materiales en su propiedad (demanda fs. 157vta/160). La empresa demandada sostuvo que tales daños no eran imputables a su actuación (fs. 222vta./226) sino a falta de mantenimiento por parte de los actores.-

Al respecto la pericia efectuada en la vivienda (fs. 442/445vta. y su ampliación a fs. 456/vta.) extrae valiosas conclusiones para dilucidar la existencia del daño y su responsable.-

Así detecta la existencia de la plaga comúnmente denominada "bicho taladro" en el techo de la vivienda (maderamen y cielorrasos), agregando que comparte al respecto el informe que acompañaran los actores a la demanda, a excepción del estado de ruina del inmueble (fs.444/vta.).-

Vale recordar que dicho informe obrante a fs. 47/49 detalla los defectos de construcción y afirma la existencia de la plaga referida en la madera del techo de la unidad funcional.-

Volviendo a la pericia de autos, el experto añade que en la vivienda se detecta "falta de calidad de obra y un trabajo no delicado dentro del arte de construir, con evidente falta de detalles de terminación y hasta defectos constructivos" (fs. 444vta./445), afirmación que ilustra con las fotografías acompañadas a fs. 442/443.-

Requeridas explicaciones por los actores, el ingeniero a cargo de la experticia se pronuncia sobre un punto crucial en el debate; tal es la defensa de la demandada relativa a la causa de la plaga en la madera.-

Al respecto el ingeniero indica que "la experiencia me indica que en la mayoría de los casos este tipo de plaga viene desde el lugar de origen de la madera, contaminando a la misma ya sea en desarrollo o en estado larbario (sic), dado que nuestra zona geográfica no es originaria de dicha infección. También puede darse por "contagio" por cercanía entre maderas en la estiba" (fs. 456).-

A lo que aduna que la cuestión de la ausencia de mantenimiento -el que faltaría desde la fecha de construcción del techo- "no indica nada en absoluto con relación al tema del bicho taladro en cuestión".-

Esos informes no fueron impugnados por la empresa demandada, de donde su valor llega incólume a esta instancia (arts. 473, 474 y 384 CPC).-

La fuerza probatoria emergente del dictamen pericial demuestra que la constructora vendedora no ha cumplido adecuadamente sus deberes legales de protección de la seguridad y de los intereses económicos del consumidor, obligaciones que nacieron con el contrato y cuyo incumplimiento torna responsable a la codemandada Constructora Marítima.-

Aún teniendo por acreditado que en el año 1992 se aplicó a la madera a utilizar en la construcción un producto que combatiría la plaga en cuestión (facturas de fs. 202/203, testimonios de fs. 419/vta. de este expediente y fs. 513/vta.), lo cierto es que la lesión existe y que no se ha probado que su causa obedezca ni a los actores ni a terceros ajenos a la relación contractual.-

La aplicación del plaguicida sucedió cinco años y varios meses antes de la entrega del inmueble a los actores, de donde un actuar diligente hubiera sido o bien reaplicar dicho producto o bien advertir a los compradores que era probable que las maderas estuviesen afectadas, para que éstos contaran con la información suficiente.-

Ninguna de estas actuaciones debidas fueron seguidas por la empresa constructora, a tenor de las constancias de autos, con lo que su responsabilidad luce demostrada (arts. 512, 902, 909 y 1109 C.C.; 5 y 10 bis LDC 24240).-

Advierto que deliberadamente no he valorado las testimoniales de los profesionales Fitipaldi y Botella (fs. 518 y ss. del expediente "Olives c. Constructora"). Es que a través de sus declaraciones se pretenden ingresar pericias no ordenadas oportunamente. El repaso de las preguntas a ellos efectuadas revela que nada de lo debatido aquí ha sido presenciado por tales profesionales y que todas sus respuestas son genéricas y dirigidas a cuestiones técnicas, por lo que no corresponde su apreciación (art. 456 CPC).-

Como bien refiere Leguizamón "El perito se diferencia del testigo en tanto aquél emite un dictamen fundado en sus conocimientos científicos sobre los hechos debatidos de los cuales recién se entera con motivo del proceso, mientras que el segundo proporciona un relato objetivo de los sucesos que percibió mediante sus sentidos, con independencia y fuera del proceso" (H. E. Leguizamón "Lecciones de Derecho Procesal" p. 533, Depalma, 2001). No respetar esa diferencia implicaría tanto como admitir el ingreso de prueba no proveída, circunstancia que vulnera la necesaria igualdad probatoria que rige el proceso civil.-

IV. Excluida entonces la prescripción liberatoria y acreditada la responsabilidad de la empresa constructora en los daños derivados de la relación de consumo, quedan por analizar los agravios dirigidos a los daños, la tasa de interés y las costas procesales.-

Cierto es que el a quo no indica cómo llega a determinar el valor de los daños, sin embargo -y como adelantara- ellos se encuentran probados especialmente a través de la pericia ya referida, por lo que demostrada la existencia de la lesión pueden los magistrados fijar su monto (art. 165 in fine CPC). Ello permite descartar el ataque recursivo respecto tanto de los defectos de construcción, como de los defectos relativos a las maderas; es que la valuación de los gastos por su reparación es facultad judicial indiscutible.-

No obstante ello he de coincidir con el recurrente en que dentro de esa acreditación no corresponde incluir el cambio de las chapas como se solicitó en demanda. Es que no hay elementos que corroboren tal reclamo, ni aparece como ineludible su reemplazo. Así entiendo que la suma de pesos cinco mil ($ 5.000.-) resulta más adecuada a los daños constatados en autos.-

Similar suerte deben seguir de los daños derivados del -conforme demanda- "alejamiento del hogar", el que estaría motivado en la necesaria refacción de la vivienda.-

La lógica y la experiencia indican que de ser necesaria la reparación completa -tirantería y machimbre del cielorraso- del techo de una vivienda es necesario su completo desmonte y nueva colocación. Esa tarea -en condiciones climáticas apropiadas- no puede extenderse más de cuatro o cinco días.-

También la sana crítica indica que durante ese lapso la vivienda deja de ser habitable, de donde resulta razonable el alejamiento por ese lapso.-

Ahora bien, pese a lo afirmado al accionar, el número comprobado de miembros de la familia de los actores asciende a tres personas -los demandantes y el menor (conforme constancias de fs. 91 y 468/469) por lo que los gastos de alojamiento y otros relativos al abandono temporario y forzado del inmueble deben primero acotarse a ese número y luego reducirse pues estimo excesivos los mil quinientos pesos fijados en la instancia de grado.-

Ello así y tomando como gastos para tres personas por día -contando alojamiento y alimentación- la suma de pesos ciento cincuenta, entendida como razonable para cubrir esas necesidades, propicio que se reduzca la indemnización total para este rubro a la de pesos setecientos cincuenta ($750).-

Respecto del daño moral y de la tasa de interés aplicada en el caso siendo que el agravio sólo consiste en negar responsabilidad en el hecho (ver fs. 517vta.) y dado que ésta ha quedado determinada supra, corresponde mantener la decisión de grado en ambos aspectos.-

En cuanto a las costas de grado las mismas deben mantenerse a la vencida Constructora Marítima SRL tal como indica el principio procesal en la materia (art. 68 CPC).-

IV. Si bien sólo he sugerido el tema, una lectura detenida de lo expuesto hasta aquí permite deducir que el codemandado como director de obra no ha sido mencionado específicamente. Ello responde al encuadre jurídico de la cuestión que efectué en el apartado II de este voto.-

Vale reiterar que entiendo que existe una relación de consumo entre los demandantes y la SRL; esa afirmación es también una negación: la de la participación del arquitecto Serrano.-

Es que si ubicamos la relación dentro de los parámetros de la ley del consumidor no podemos incluir entre los responsables -pues, reitero, no contamos con el auxilio del art. 40 LDC- a quien no tiene una relación contractual directa con el consumidor, máxime si aquella persona es una profesional universitario, calificación que también lo expulsa del régimen consumerista (art. 2º, segunda parte LDC; Farina, Juan M. "Defensa del consumidor y del usuario" p. 80).-

Esas breves pero a mi juicio poderosas razones me llevan a proponer el rechazo de la demanda respecto del arquitecto Serrano.-

Las costas por este rechazo serán soportadas, en ambas instancias, en el orden causado pues por un lado los actores bien pudieron entender que la relación obligacional lo incluía, y por el otro la defensa del profesional sólo discurrió en un pleno apego a los dichos de la codemandada Constructora Marítima (art. 68 2ª parte CPC).-

Con las aclaraciones efectuadas voto por la AFIRMATIVA.-

A la misma cuestión planteada el señor juez Doctor Garate votó en igual sentido por análogos fundamentos.-

A la misma cuestión planteada el señor juez Doctor Locio votó en igual sentido por análogos fundamentos.-

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR LOIZA DIJO:

Corresponde I) confirmar la sentencia de fs. 479/485vta. en cuanto declara responsable de los daños y perjuicios sufridos por los actores en su inmueble, a Constructora Marítima SRL y II) modificarla en cuanto al monto de condena el que se fija en la suma de pesos siete mil setecientos cincuenta ($ 7.750.-); con costas de Alzada en un ochenta por ciento a la vencida y en un veinte por ciento a los actores (art. 71 CPC); III) Revocarla en cuanto condena al codemandado Arnoldo Serrano, respecto de quien se rechaza la demanda; con costas en ambas instancias en el orden causado (art. 68 2da. parte CPCC). Difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 ley 8904).-

ASI LO VOTO.-

A la misma cuestión planteada el señor juez Doctor Garate votó en igual sentido por los mismos fundamentos.-

A la misma cuestión planteada el señor juez Doctor Locio votó en igual sentido por los mismos fundamentos.-

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente:

S E N T E N C I A

Necochea, 05 de octubre de 2006.-

VISTOS Y CONSIDERANDO: Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, I) Se confirma la sentencia de fs. 479/485vta. en cuanto declara responsable de los daños y perjuicios sufridos por los actores en su inmueble, a Constructora Marítima SRL y II) Se modifica en cuanto al monto de condena el que se fija en la suma de pesos siete mil setecientos cincuenta ($ 7.750.-); con costas de Alzada en un ochenta por ciento a la vencida y en un veinte por ciento a los actores (art. 71 CPC); III) Se revoca en cuanto condena al codemandado Arnoldo Serrano, respecto de quien se rechaza la demanda;; con costas en ambas instancias en el orden causado (art. 68 2da. parte CPCC). Difiérese la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 ley 8904). Notifíquese personalmente o por cédula (art. 135 CPC). Devuélvase.-

Fdo.: HUGO ALEJANDRO LOCIO - FABIAN MARCELO LOIZA - HUMBERTO ARMANDO GARATE - MARIA LAURA CUENCE - Secretaria.//-

Servicios Públicos
Medio Ambiente
Salud
Telefonía e Internet
Educación
Radares
Inmuebles
Sistema Financiero
Información Pública y Publicidad
Otros Servicios